Un grupo de productores agrícolas del municipio Libertador, al sur de Monagas, acudió este miércoles 29 de abril, a las sedes de la Defensoría del Pueblo para reactivar la denuncia por el desalojo de sus tierras y la destrucción de sus viviendas, ocurrido hace aproximadamente seis años en los predios de la empresa Mandioca. Los afectados solicitan una indemnización formal por las pérdidas materiales y el daño patrimonial sufrido.
Humberto Toledo, vocero de los campesinos afectados, explicó que el conflicto se originó cuando la administración de las tierras se la entregaron a un sector empresarial, a pesar de que ellos contaban con documentación otorgada previamente por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Según el testimonio, el desalojo se ejecutó de forma abrupta y con el uso de maquinaria pesada para derribar las estructuras donde habitaban y resguardaban sus cosechas.
»De un momento a otro vienen ellos con unas máquinas y unos camiones, tumbaron y se llevaron todo. Hasta la fecha no se nos ha reconocido el abuso que hicieron con nosotros, con los agricultores que estábamos allá», denunció Toledo.
Cinco afectados
El representante de los productores detalló que en el sitio fueron destruidas cinco viviendas construidas con bloques, además de galpones y enseres personales. Resaltó que, aunque respetan la titularidad del Estado sobre las tierras, el esfuerzo invertido en las bienhechurías fue fruto de años de sacrificio bajo la figura de un colectivo agrícola denominado «Ezequiel Zamora».
»Nosotros teníamos documentos entregados por el INTI y nos ubicaron esas tierras. Ningún tribunal vino y nos dijo que estábamos desalojados, sino que nos avisaron que ya estaban tumbando nuestras casas», señaló el afectado.
Asimismo, manifestaron que, tras una reunión reciente con autoridades agrarias, no han recibido una respuesta concreta sobre el monto de la compensación económica.
Aseguraron que continuarán ejerciendo presión ante las instancias legales correspondientes, hasta que se les reconozca el valor de lo perdido, subrayando que su prioridad actual no es la recuperación de los terrenos, sino la justicia financiera por los daños causados.
Fotos/Juan Goitía
