En medio de la emergencia que hoy se vive en Venezuela, producto del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, un grupo de organizaciones no gubernamentales ha planteado a la presidente (E), Delcy Rodríguez, ordenar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a productos de higiene íntima.
Las organizaciones que integran la Mesa de Mujeres por la Paz, del Programa de Paz y Convivencia Democrática: FUNCAMAMA, Tinta Violeta, Senos Salud, Fundación Más Iguales, Fundación Calabau, REDSUR, Centro de Estudios de las Mujeres para el Liderazgo y el Desarrollo, Miradas Diversas y Clase Media Venezuela; junto a mujeres políticas, académicas y de la sociedad, plantean esta iniciativa en procura de aliviar el impacto económico que enfrentan miles de mujeres damnificadas y reabrir el debate sobre el acceso a la gestión menstrual como un derecho.
En este sentido, están solicitando formalmente la reforma al artículo 18 de la Ley del IVA, con el propósito de que los productos destinados a la gestión menstrual sean incorporados dentro de los bienes exentos de este tributo de manera permanente.
«La emergencia humanitaria ocasionada por el terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio volvió a poner sobre la mesa una realidad que miles de mujeres venezolanas enfrentan desde hace años: el acceso a productos de higiene menstrual continúa siendo un desafío económico, incluso en circunstancias ordinarias, y se agrava significativamente en contextos de desastre», aseguraron estas organizaciones.
17.345 familias damnificadas
El movimiento sísmico dejó más de 17.345 familias damnificadas, afectando aproximadamente a 86.794 personas. Se estima que cerca de la mitad son mujeres que hoy permanecen en 79 campamentos transitorios, donde la disponibilidad de productos para la gestión menstrual es limitada o inexistente.
La menstruación, explican, representa una necesidad fisiológica que no se detiene durante una emergencia. Una mujer requiere, en promedio, entre cuatro y seis toallas sanitarias al día, lo que equivale a unas 25 unidades por ciclo menstrual. Sin embargo, los paquetes comerciales contienen entre ocho y diez unidades, por lo que generalmente se necesitan al menos tres paquetes para cubrir un solo período.
Vale recordar que a esta realidad se suma el costo de estos productos. Actualmente, un paquete de toallas sanitarias puede oscilar entre 0,80 y 5,50 dólares, dependiendo de la marca y la presentación. Antes del terremoto, distintas organizaciones ya advertían que una de cada cuatro mujeres en Venezuela tenía dificultades para acceder regularmente a productos de higiene menstrual por razones económicas. La pérdida de viviendas, ingresos y pertenencias ha profundizado aún más esa situación.
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Otro elemento que incrementa el costo final para las familias es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un gravamen aplicado al consumo de bienes y servicios. En Venezuela, los productos de gestión menstrual no forman parte de las exenciones contempladas en el artículo 18 de la Ley del IVA, por lo que continúan pagando este impuesto como cualquier otro producto de consumo, pese a tratarse de artículos indispensables para la salud y la higiene.
Mientras esa reforma es evaluada, estas organizaciones de mujeres, junto a otras como la Organización Latinoamericana de Cooperación en Políticas Públicas, Voces Violeta, Instituto Progresista, CAUCE, Ojos Ciudadano y 100% Estrógeno, solicitaron que, en el marco del Decreto de Emergencia vigente tras el terremoto, se apruebe una exoneración temporal del IVA por 90 días, prorrogables por otros 90 días, como una medida de alivio inmediato para las familias afectadas y durante la fase más crítica de la recuperación.
La propuesta contempla la exoneración del impuesto para productos considerados esenciales, entre ellos: toallas sanitarias, toallas diarias, toallas de uso clínico, tampones, copas menstruales, pañales para adultos, pañales infantiles, fórmulas para bebés y toallas húmedas.
Las organizaciones consideran que esta medida permitiría reducir el costo de productos indispensables para la salud, favorecer el acceso de las personas más vulnerables durante la emergencia y abrir una discusión de fondo sobre la necesidad de reconocer la gestión menstrual como un asunto de salud pública y de protección social, más que como un bien sujeto a gravamen tributario.
Vía Globovisión
