El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este jueves el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. La medida busca recuperar la soberanía estatal en las prisiones, que desde 2021 han sido escenario de masacres con un saldo de más de 600 reclusos asesinados.
Uno de los pilares del decreto es el bloqueo absoluto de señales. Se instalarán sistemas de inhibición en las áreas internas y perímetros de seguridad. Además, las comunicaciones de los internos estarán sujetas a:
- Monitoreo y grabación: Las llamadas podrán ser registradas por motivos de seguridad nacional.
- Registro de voz: Se creará una base de datos de los contactos autorizados.
- Restricciones preventivas: Las visitas podrán limitarse para prevenir la planificación de delitos desde el interior.
Adiós al efectivo
Para combatir las extorsiones y el flujo de dinero ilícito, el reglamento prohíbe el uso de dinero en efectivo dentro de las prisiones. A partir de ahora, las compras en las tiendas internas (economatos) se realizarán mediante:
- Transferencias bancarias directas a los proveedores.
- Cupos de gasto preestablecidos para cada recluso.
Régimen especial y traslados estratégicos
La normativa introduce un «régimen especial» para reclusos de alta peligrosidad que representen una amenaza grave, sin importar su estatus procesal. Muchos de estos internos ya se encuentran en la denominada «Cárcel del Encuentro», un centro de máxima seguridad inspirado en el modelo salvadoreño.
En dicho recinto permanecen figuras de alto perfil político como el exvicepresidente Jorge Glas (condenado por corrupción) y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez (procesado por casos relacionados con combustibles).
Separación por delitos y prevención de reclutamiento
Como medida innovadora, el decreto ordena la creación de centros exclusivos para personas detenidas por deudas alimenticias o infracciones de tránsito. El objetivo es evitar el contacto de ciudadanos comunes con integrantes de bandas de crimen organizado.
Finalmente, el reglamento facilita el traslado de reos cuando se detecten actividades de entrenamiento o reclutamiento de grupos violentos, permitiendo al Estado desarticular estructuras criminales antes de que generen nuevos motines o alteraciones del orden público.
Con información de Noticias Venevisión
