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Asamblea Nacional acompañará la Consulta Nacional para la Reforma del Sistema Judicial Penal

Rodríguez detalló que el objetivo es compilar y ordenar el marco jurídico penal en nuevos códigos, una medida orientada a simplificar y agilizar la aplicación de la justicia en el país.

El Poder Legislativo venezolano confirmó su participación activa y acompañamiento en la Gran Consulta Nacional por la Reforma del Sistema Judicial Penal, un proceso de consulta pública que iniciará formalmente el próximo 1 de junio con miras a lograr una transformación profunda del aparato de justicia del país.

Como parte de los objetivos a mediano plazo, las autoridades parlamentarias manifestaron su intención de trabajar en la creación de nuevos códigos que agrupen y sistematicen el conjunto de leyes vigentes, facilitando así su aplicación en todo el territorio nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ratificó el compromiso del parlamento con esta reestructuración institucional:

«La Asamblea Nacional está a la orden para colaborar en nuestro oficio principal: la elaboración de las leyes que acompañen y colaboren con el Estado en la protección de las ciudadanas y de los ciudadanos», precisó el jefe del Legislativo.

Antecedentes y reestructuración del TSJ

Rodríguez recordó que la reciente reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comparte el mismo horizonte de esta nueva consulta. Dicha modificación permitió elevar el número total de magistrados, con especial énfasis en la Sala Constitucional.

Al respecto, explicó que, bajo el marco de la Constitución venezolana, esta instancia funciona como un Tribunal Constitucional subsumido dentro del cuerpo del TSJ.

Asimismo, detalló que el incremento de tres a cinco magistrados en el resto de las salas persigue dos objetivos institucionales claros:

  • Combatir el retardo procesal: Agilizar los casos en curso y disminuir de forma decidida los tiempos de respuesta judicial para el beneficio de la población.
  • Fortalecimiento institucional: Otorgar mayor capacidad de acción, relevancia y peso al trabajo que desempeñan la Inspectoría General de Tribunales y la Dirección de la Escuela de la Magistratura.

Con estas acciones, el Estado venezolano busca consolidar un sistema judicial adaptado a las demandas actuales, garantizando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad para la ciudadanía.

Vía Globovisión

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