«La Fiscalía no ha descartado que estén realizando otras conductas que atenten contra la administración pública»
La fiscalía colombiana imputó este martes 1 de agosto a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, imputó a su exesposa Day Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales.
«No acepto los cargos», reaccionó Petro Burgos, luego de que durante varias horas el fiscal del caso, Mario Burgos, revelara que este había incrementado su patrimonio en unos 240 mil euros en un año, que no correspondía con su trabajo.
«Existen 1.053 millones de pesos que no son producto de su labor como diputado», apuntó el fiscal. Petro Burgos es diputado regional en la región caribeña del Atlántico y su salario es de aproximadamente 3.000 euros, de acuerdo con la fiscalía.
Una mansión
Se le acusa de haber recibido dinero de empresarios cuestionados y ex narcotraficantes, en plena campaña electoral que, sin embargo, no ingresó a la campaña de su padre: el verdadero objetivo era comprarse un lujoso inmueble en Barranquilla, Colombia.
«Ese dinero usted, señor Nicolás Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre, que iba a utilizarse para una mansión», aseguró Mario Burgos.
En la audiencia, Day Vásquez, exesposa de Petro Burgos, resultó imputada igualmente, pese a ser quien ventiló el tema en medios de comunicación.
Penas de prisión
Burgos les informó a los acusados que las penas para lavado de dinero son de entre 10 y 30 años de prisión. A eso se pueden sumar multas, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y años adicionales de cárcel por los delitos con sanciones menores. Sin embargo, la pena podía reducirse hasta en un 50% si Petro y Vásquez hubieran aceptado los cargos en estas etapas iniciales del proceso y comenzado con la reintegración de los montos implicados. “Pongamos que son 14 años [de prisión]. Si aceptan desde ya, podría reconocerse una reducción de siete años”, les dijo el fiscal.
Minutos después, los dos rechazaron los cargos y se declararon inocentes.
La justicia comienza ahora, de manera formal, la investigación y un eventual proceso judicial, que suele ser largo. Burgos ha explicado que las acusaciones futuras no necesariamente se limitarán a los dos cargos ya formulados: “La Fiscalía no ha descartado que estén realizando otras conductas que atenten contra la administración pública como tráfico de influencias o celebración indebida de contratos”. Según el funcionario judicial, Vásquez aportará su conocimiento sobre “una serie de contratos irregulares”. “Va a informar otras situaciones de irregularidades, donde están involucradas otras personas”, resaltó el fiscal.
Con información de Notitarde.
